Repartiendo utilidades según el tipo de empresa.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 892, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que laboran en empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores, tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, aseguró el laboralista César Puntriano.

Asimismo, la ley establece los porcentajes de participación de los trabajadores varían según la actividad que desarrolla la empresa.

Puntriano detalló que a fin de determinar la actividad que realizan las empresas que se encuentran obligadas a repartir utilidades, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-98-TR señala que se debe tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU), salvo que mediante ley se señale algo distinto.

En caso de que una empresa realice más de una actividad, se tomará en cuenta sólo la actividad principal, entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el respectivo año.

Los porcentajes son los siguientes:

Empresas pesqueras 10%
Por ejemplo, pesca comercial de altura y costera, extracción de crustáceos y moluscos marinos, extracción de animales acuáticos marinos: tortugas, ascidias y otros tunicados, erizos de mar, etcétera. Se incluyen también las siguientes actividades, actividades de buques dedicados a la vez a la pesca y a la elaboración y conservación de pescado, recolección de otros organismos y materiales marinos: perlas naturales, esponjas, corales y algas. También la acuicultura marítima y en agua dulce, entre otros.

Empresas de telecomunicaciones 10%
A manera de ejemplo, explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alámbricas, explotación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alámbricas, por microondas o por una combinación de líneas alámbricas y conexiones por satélite, suministro de acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alámbricas, entre otras.

Empresas industriales 10%
Se considera a todo tipo de empresas dedicadas a la elaboración de un producto como tabaco, textiles, cueros, alimentos, sustancias y químicos, caucho, minerales no metálicos, maquinarias y equipos, entre otros.

Empresas mineras 8%
Extracción de minerales estimados principalmente por su contenido como el hierro, uranio, toro, oro, cobre, plata. También la extracción de arena, piedra, arena, arcilla, entre otros.

Empresas de comercio al por mayor y por menor y restaurantes 8%
Comprende la venta de productos al por mayor y menor, de bienes. Y de otro lado, el servicio de comidas a los clientes, surtido de platos expuestos o o para entrega a domicilio. Abarca la preparación, consumo inmediato desde vehículos, sean o no motorizados, actividades de restaurantes y bares vinculadas a actividades de transporte, si las realizan unidades separadas, entre otros.

Empresas que realizan otras actividades 5%
Otras actividades no especificadas.

A manera de ejemplo, el laboralista, indicó por ejemplo que una empresa que se dedica a extraer petróleo usaría la tasa de 5% (“otras actividades”); una empresa de servicios de limpieza debe repartir sus utilidades con una tasa de 5%; otras dedicada a las ventas al por menor usaría la tasa de 8% (“otras actividades”); y la empresa de auxilio vehicular se le aplicaría 5%.

Estas son las carreras de pregrado y posgrado sin validez que se ofrecen en universidades peruanas.

La Sunedu advirtió que en 14 universidades a nivel nacional se ofrecen carreras de pregrado y posgrado sin autorización, por lo que esos estudios no serán reconocidos.

  1. Universidad Privada Arzobispo Loayza. No está autorizada la carrera de Medicina Humana.
  2. Universidad Privada Sergio Bernales. A nivel de pregrado no están autorizadas las carreras de Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Tecnología médica, Medicina humana, Contabilidad, Administración de negocios, Ingeniería civil, Psicología humana. En posgrados no están autorizados la Maestría en derecho con mención en derecho procesal penal, Maestría en investigación y docencia universitaria, Maestría en administración y dirección de empresas, Maestría en obstetricia con mención en salud sexual y reproductiva, Maestría en enfermería con mención en servicios de salud, Maestría en contabilidad con mención en auditoría, Maestría gestión empresarial y turismo, Maestría filosofía y sociología, Doctorado en educación, Doctorado en derecho, Doctorado en administración, Doctorado en políticas públicas y gestión gubernamentales y Doctorado en salud pública.
  3. Universidad Autónoma del Perú. No están autorizadas las carreras de Medicina humana, Negocios internacionales, Arquitectura, Ingeniería ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería industrial, Administración en turismo y hotelería, Odontología, Ciencias de la comunicación, Economía y finanzas y Administración y marketing. A nivel de posgrados no están autorizados la Maestría en administración de empresas – MBA, Maestría en gerencia de operaciones y logística, Maestría en docencia universitaria y Maestría en psicología clínica y de salud.
  4. Universidad Peruana de Integración Global. No están autorizadas las carreras de Farmacia y bioquímica; y Contabilidad y finanzas.
  5. Universidad Autónoma de Ica. En pregrado no están autorizadas las carreras de Administración de empresas, Contabilidad, Ingeniería civil, Ingeniería industrial. A nivel de posgrados no están autorizados Maestría en administración y gestión pública, Maestría en administración de negocios, Maestría en administración y gestión de los servicios de salud con mención en gerencia en salud, Maestría en administración y gestión de los servicios de salud con mención en gestión de la calidad, Maestría en administración y gestión de los servicios de salud con mención en gestión estomatológica, Maestría en investigación y docencia universitaria, Maestría en psicología con mención en psicología educativa, Maestría en psicología con mención en psicología organizacional, Maestría en psicología con mención en psicología clínica, Maestría en salud ocupacional y ambiental, Maestría en educación, Doctorado en administración, Doctorado en salud pública y Doctorado en educación.
  6. Universidad Autónoma San Francisco. A nivel de pregrado no están autorizadas las carreras de Ingeniería civil, Ingeniería ambiental, Ingeniería de seguridad industrial y minera, Contabilidad, Administración y marketing, Psicología, Arquitectura, Ciencias políticas y gobierno. A nivel de posgrado no está autorizada la Maestría en docencia universitaria.
  7. Universidad de Ayacucho Federico Froebel. No está autorizada la carrera de Derecho.
  8. Universidad Global del Cusco. No está autorizada la carrera de Contabilidad y finanzas.
  9. Universidad María Auxiliadora. No están autorizadas las carreras de Derecho, Psicología y Administración de empresas.
  10. Universidad Privada de la Selva Peruana. No están autorizadas las carreras de Contabilidad y Finanzas Corporativas, Economía y Negocios Internacionales.
  11. Universidad Privada de Ica. No están autorizadas las carreras de Psicología y Enfermería.
  12. Universidad Privada Líder Peruana. No están autorizadas las carreras de Ingeniería civil, Ingeniería ambiental y Administración de empresas.
  13. Universidad Peruana Simón Bolívar. No están autorizadas las carreras de Administración de empresas, Administración de negocios internacionales y Derecho.
  14. Universidad Privada de Trujillo. No están autorizadas las carreras de Arquitectura y urbanismo, Ingeniería industrial, Ingeniería agroindustrial, Ingeniería de industrias de cuero y calzado, Administración de negocios turísticos; y Administración y negocios internacionales.

IGV Justo: Siete aspectos que debes conocer para acceder a sus beneficios.

En diciembre del año pasado se publicó la Ley N° 30524, denominada IGV Justo, mediante la cual se estableció que las micro empresas, con ventas anuales de S/ 607,500, y pequeñas empresas con ventas entre S/ 607,500 y S/ 6’885,000, puedan postergar el pago del IGV por tres meses posteriores a su obligación de declarar, con la presentación de la declaración jurada mensual.

Asimismo, la ley indicó que la referida postergación no generaba intereses moratorios ni multas.

El día de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el decreto supremo que establece las normas reglamentarias que entrarán en vigencia a partir del 01 de marzo de 2017.

Según Gustavo Lopez, socio de Tax&Legal de Deloitte, los principales aspectos desarrollados por el reglamento son:

1. Para el cálculo de las ventas anuales se considerarán los ingresos de los últimos 12 periodos anteriores al mes por el que se ejerce la opción de prórroga, según el régimen tributario en que se hubiera encontrado la empresa en dichos periodos:

i. Los ingresos netos obtenidos en el mes, en base a los cuales se calculan los pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen Mype Tributario del impuesto a la renta.

ii. Los ingresos netos mensuales provenientes de las rentas de tercera categoría, en base a los cuales se calcula la cuota mensual del Régimen Especial del impuesto a la renta.

iii. Los ingresos brutos mensuales, en base a los cuales se ubica la categoría que corresponde a los sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado.

En caso que la empresa tenga menos de 12 periodos de actividad económica, se consideran todos los periodos desde que inició esta. Si la empresa recién inicia sus actividades, no le es exigible que cumpla con el límite de ventas anuales.

2. Se establecen definiciones como:

“Fecha de Acogimiento”, que es la fecha en que la micro y pequeña empresa (mype) ejerce la opción de prorrogar el plazo de pago original del Impuesto con la presentación de la declaración jurada mensual.

“Fecha de vencimiento”, que es la fecha de vencimiento que corresponda a cada periodo tributario, de acuerdo al cronograma para la declaración y pago de tributos de liquidación mensual que aprueba la Sunat; y

“Fecha límite de regularización”, que se refiere al día 90 contado en sentido inverso, en días calendario, desde el día anterior a la fecha de acogimiento.

3. El IGV cuyo plazo de pago original puede ser prorrogado es el que grava la venta de bienes, prestación de servicios y/o contratos de construcción.

4. La opción de prorrogar el plazo de pago original se ejerce respecto de cada periodo, al momento de presentar la declaración jurada mensual del IGV. La empresa debe marcar la opción que para tal efecto figure en el formulario. Solo se puede optar por la prórroga hasta la fecha de vencimiento. A partir del día siguiente a dicha fecha, el Impuesto es exigible y generará intereses moratorios.

5. De optarse por la prórroga, el plazo de pago original se posterga hasta la fecha de vencimiento que corresponda al tercer periodo siguiente a aquel por el que se ejerce la opción.

6. Los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior, hasta la fecha de pago.

7. El cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley para que opere la prórroga del plazo de pago original está sujeto a verificación o fiscalización posterior por parte de la Sunat, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario.